Las constructoras presionan a ancianos con alquileres bajos para que dejen sus pisos



BARCELONA.- Andreu Roig, entrado en la setentena, lleva «toda la vida» viviendo en el número 13 de la calle Rec Comtal, en Ciutat Vella. Su mujer nació en este inmueble hace 77 años. Los padres de ella alquilaron el piso en el año 1907. «Todavía recuerdo cuando pagábamos 25 pesetas», afirma.

Actualmente, abona unas 10.000 pesetas al mes, una quinta parte de su pensión de jubilación. La inmobiliaria que ha adquirido el inmueble lo quiere desahuciar. Para esta compañía, es mucho más rentable vender el piso o reconvertirlo en un hotel o en establecimientos comerciales que permitir que Andreu y su mujer continúen viviendo en la casa en que lo han hecho toda la vida, según el presidente de la Asociación de Vecinos del Casc Antic, Pep Miró.

El acoso que sufre el matrimonio es incesante: los propietarios no arreglan las averías que se producen, sufren goteras que no reparan o les envían operarios para buscar termitas que realizan agujeros por toda la casa pero se van sin taparlos. El objetivo es que se «aburran» y se vayan, para poder disponer libremente de la vivienda. Es el denominado «mobbing inmobiliario», que el Ayuntamiento de Barcelona sostiene que sólo se produce de forma aislada.

Jaume Ribera es uno de los tres únicos inquilinos que quedan en el número 17 de Portaferrissa. Hace unos años, eran 11, pero los demás tiraron la toalla ante la presión de los nuevos propietarios, que adquirieron el inmueble recientemente. «Cuando mi padre, de 91 años de edad, acudió al despacho de abogados que le indicaron los nuevos propietarios para pagar el alquiler, le dijeron que volviera al día siguiente. Y así, hasta que nos encontramos con una demanda de desahucio por impago del alquiler», explica este vecino.

Las inmobiliarias pueden iniciar este trámite judicial si durante tres meses se deja de pagar el alquiler. En algunos casos, los nuevos propietarios de un edificio mienten a los inquilinos: les dicen que, a partir de entonces, van a pagar cada tres meses y acaban encontrándose con una demanda de desahucio.

En otras ocasiones, como también explica Jaume Ribera, la presión no es tan sutil: «Nos han arrancado los interfonos, los buzones y han cortado los cables de la luz de la escalera». «El Síndic de Greuges tuvo que instar al Ayuntamiento de Barcelona a que exigiera a los propietarios que arreglaran el balcón después de cinco años con dos metros de escombros delante de la puerta», explica este vecino.


Galerías comerciales


El lo tiene mucho peor que otros: su piso está en la calle Portaferrissa, una de las zonas comerciales más caras de Barcelona, junto al paseo de Gràcia y la Portal de l'Angel. «Quieren hacer unas galerías comerciales», explica Ribera sobre las intenciones de los propietarios de su piso.

Paradójicamente, la rehabilitación del distrito de Ciutat Vella, y de los cascos antiguos de muchos municipios catalanes, ha sido contraproducente para aquellos vecinos de edad avanzada que disponen de ingresos mínimos -en gran parte de los casos, pensiones que no superan los 300 euros- y residen en el mismo inmueble desde hace décadas, abonando alquileres muy bajos por tratarse de renta antigua.

Sus pisos se convierten en el objeto de la codicia de unos pocos. Y ellos, en un estorbo.

«La gente se pasea por barrios antiguos rehabilitados sin ver el drama humano que hay detrás», asegura Alfred Comín, portavoz de la Asociación de Vecinos del Casc Antic. «Hay vecinos que viven allí desde que las calles eran intransitables y que ahora se encuentran con especuladores profesionales que quieren echarles», añade Comín.

Fernando González reside en el numero 37 de la calle Riereta, en una casa que data de 1802, por lo que está catalogada por el Ayuntamiento de Barcelona. Desde que la vivienda cambió de propietarios, Fernando ha vivido un infierno. «Tuve que ir a juicio para demostrar que vivía en mi casa y, aún ahora, me vigilan constantemente unos detectives», explica.

Para conseguir la declaración de ruina del edificio, única fórmula para que el Ayuntamiento de Barcelona autorice el derribo de la casa, al estar catalogada, los propietarios «tapian las puertas de los pisos que vacían pero no las ventanas, por donde entra la suciedad y la lluvia», explica este vecino. Además, los arrendadores «dejan abiertos los grifos de las viviendas vacías para causar inundaciones» cuyos efectos, evidentemente, tardan meses en reparar.

Amadeu Padró cobra una pensión por larga enfermedad de apenas 324 euros. Si nadie lo remedia, acabará desahuciado.

Cuando murió su padre, después de haber vivido toda la vida en el número 6 del pasaje Magarola, junto a la plaza Vila de Madrid, «nadie me dijo que tenía que hacer una subrogación», por lo que continuó pagando el alquiler al propietario hasta que, en diciembre de 2002, le notificó que no se lo aceptaba.

En proceso de desahucio, la Asociación de Vecinos del Casc Antic pide la intervención del Ayuntamiento de Barcelona y del Patronat Municipal de l'Habitatge para evitar que Amadeu Padró acabe siendo un «indigente».

Miró considera que estas actuaciones constituyen, claramente, una «agresión moral», lo que podría denominarse «mobbing inmobiliario».




Insensibilidad municipal


BARCELONA.- El Ayuntamiento de Barcelona no sale bien parado en la denuncia que realizan los vecinos del Casc Antic sobre los casos de mobbing inmobiliario que se producen en esta zona de la ciudad. Los vecinos aseguran que se inhibe, mientras que el consistorio se defiende recordando el número de inspecciones realizadas.

El portavoz de la Asociación de Vecinos del Casc Antic, Alfred Comín, destaca la «insensibilidad» que demuestra el Ayuntamiento de Barcelona ante este problema. En su opinión, los cuatro años de Katy Carreras al frente de la concejalía de Ciutat Vella, con Josep Maria Luchetti en la gerencia de la misma, fueron «años perdidos y dramáticos», por lo que confía en el trabajo que puede realizar el nuevo edil del distrito, Carles Martí.

El abogado de los vecinos, Josep Maria Alcoberro, denuncia también la actitud de los Servicios Sociales municipales, que contrapone a la labor realizada por el Patronat Municipal de l'Habitatge. Mientras los primeros han «desatendido» a los vecinos afectados, el Patronat Municipal de l'Habitatge sí que ha actuado con celeridad cuando ha sido requerido.

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, señala que los casos de mobbing inmobiliario se producen «de forma aislada, no masiva», por lo que el consistorio sólo puede actuar a través de las inspecciones que realiza de forma periódica para controlar el mantenimiento de las fincas. En el caso de los servicios, -agua, luz, gas...- no puede actuar.

Según sus datos, el año pasado se realizaron 3.897 inspecciones en el distrito de Ciutat Vella, de las que 1.512 estuvieron relacionadas con la conservación de las fincas.

Cuando se detectan anomalías, según el consistorio, se requiere a sus propietarios a que las reparen, multándolos en caso de que no lo hagan. Si un propietario que no ha respondido a los requerimientos pide la declaración de ruina de su edificio para derribarlo, el consistorio puede denegarla.

El Ayuntamiento de Barcelona niega también que los Servicios Sociales se desentiendan en estos casos.

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Vecinos del Casc Antic de Barcelona denunciaron ayer públicamente que algunas empresas inmobiliarias están realizando en la zona unas actividades que, además de ser socialmente condenables, podrían constituir una conducta delictiva.

Se trata de que esas compañías presionan por todos los métodos imaginables a los inquilinos que quedan en edificios muy antiguos para conseguir que se vayan y así poder rehabilitarlos para alquilarlos o venderlos a precios más elevados.

Las víctimas de este auténtico mobbing inmobiliario suelen ser personas de edad muy avanzada y de escasos recursos económicos, lo que dificulta sobremanera su defensa jurídica.Lo que resulta incomprensible es que las autoridades municipales no hayan tomado medida alguna para evitar estas prácticas.

Estamos en lo de siempre: el Ayuntamiento invierte dinero y esfuerzos en conseguir una ciudad que sea conocida por su diseño, por su glamour y por su urbanismo. Pero todo esto se consigue, a veces, con métodos inconfesables, como en los casos ahora denunciados.

La rehabilitación del casco antiguo de Barcelona tiene aspectos discutibles desde diversos puntos de vista. Pero lo que es indiscutible es que no se puede permitir la proliferación de prácticas auténticamente mafiosas por empresas inmobiliarias que no dudan en pisotear los derechos de los más débiles para conseguir sus objetivos.

La dejación de responsabilidades de las autoridades municipales del distrito respecto a este asunto es, en la práctica, una complicidad, aunque sea por omisión, con los autores de estas auténticas tropelías.

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