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La protección penal de la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores
Mª Ángeles García García, Doctora en Derecho. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Guadalajara
08.06.2003 enviar artículo imprimir página

SUMARIO: I. Introducción.— II. Problemas concursales.— III. Principio non bis in idem.— IV. Conclusiones.


•I. introduccion

Ciertas conquistas sociales como la paridad social y política de la mujer, la protección de la vejez y la infancia, la garantía pública de la educación, salud y derechos laborales, etc., no son opciones políticas de izquierda o de derecha, sino valores prácticos de la civilización moderna a los que no se puede renunciar sin abdicar tanto de lo civilizado como de la modernidad. Tales valores están insertos en nuestro ordenamiento jurídico con el máximo nivel, el constitucional, no son, por tanto, rescoldos de la vieja y trasnochada izquierda que han de apagarse definitivamente ante los embates del neoliberalismo.

Corresponde a los poderes públicos la tarea irrenunciable, la dignidad de la persona está vinculada a la protección de su vida e integridad física (arts. 15 y 40.2 de la Constitución y 4.2 del Estatuto de los Trabajadores), de diseñar un sistema eficaz para la protección de la seguridad e higiene en el trabajo; en aquél, se conjugan normativas de distinto origen (nacionales, internacionales; legales, reglamentarias o convencionales) o de distinta naturaleza laborales, administrativas, penales, etc.

El art. 40.2 es rotundo: «los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo». No resulta, pues, sorprendente que con este marco constitucional el legislador haya incorporado la figura delictiva del art. 348 bis a) al Código Penal por la Ley Orgánica 8/1983 que completa la protección jurídico penal del trabajador cuyo precedente hay que encontrarlo en el art. 499 bis introducido en el Código Penal ya en el 71. La protección penal de la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores se recoge en el nuevo Código Penal en el art. 316, ubicado dentro del Título XV bajo la rúbrica «De los delitos contra los derechos de los trabajadores».

La Ley 8/1988 de 7 de abril, describe infracciones y sanciones de orden social en el ámbito administrativo para prevenir el riesgo sobre la vida y la integridad física de los trabajadores. Por último, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es el buque insignia de una imponente masa de disposiciones de diverso rango que tiende a evitar y reducir los accidentes laborales y, complementariamente, la Ley de Seguridad Social representa el propósito del legislador de reparar los daños producidos por tales accidentes.

La criminalización ya desde 1983 de la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales ha sido inútil. Y ha sido inútil porque no ha habido sentencias condenatorias por este delito como luego se verá, pese a que nuestro país es el que registra la más alta siniestralidad laboral de Europa, al menos quien esto escribe después de un minucioso rastreo no ha encontrado ninguna. Hemos de concluir, pues, que existe una desidia en la persecución de estos delitos verdaderamente intolerable.

Sí existen numerosas sentencias de la Sala II del Tribunal Supremo que indican el camino a seguir: una protección enérgica de los trabajadores aún de su propia imprudencia cuando existe un resultado lesivo o de muerte a través del art. 565 del antiguo Código Penal o de los arts. 142 y 148 del vigente. Examinadas las sentencias condenatorias del Tribunal Supremo, alguna de ellas revocando las absolutorias de la instancia, no se ha encontrado ninguna en la que el recurrente fuera el Ministerio Fiscal a salvo la sentencia de 27 de enero de 1998. Tampoco hemos localizado ninguna sentencia en la que el recurso de la acusación particular mereciera el apoyo del Fiscal ante el más Alto Tribunal, ni aún en los casos en que la Sala II estima procedente el recurso de la parte y anula la sentencia de la instancia.

De las pesquisas realizadas resulta que la regla general es considerar las imprudencias laborales como meras faltas de imprudencia cobijadas en el art. 586 bis del antiguo Código Penal o en el art. 621 del nuevo Código. Este proceder tiene como consecuencia que satisfechas las indemnizaciones civiles derivadas del evento dañoso por la compañía aseguradora, se produce la renuncia a las acciones civiles y penales, quedando pues reducida la enérgica protección de los derechos de los trabajadores prevista por el legislador en un mero coste financiero a cargo de las compañías aseguradoras con la pasividad intolerable del Ministerio Fiscal.

Si las infracciones graves de las normas de seguridad e higiene en el trabajo se persiguen solamente que cuando hay un resultado lesivo, bien podríamos concluir que el legislador se podía haber ahorrado este precepto dada su inaplicación, puesto que, como decíamos antes, cuando el resultado lesivo o letal se produce se castiga excepcionalmente por el correspondiente tipo penal imprudente como si el art. 316 actual o el 448 bis a) del Código Penal antiguo no existieran, y generalmente como falta.

•II. Problemas concursales

La Instrucción 7/1991 de 11 de noviembre, de la Fiscalía General dispone: «siempre que se produzcan resultados lesivos deberá examinarse detenidamente si obedecen a comportamientos negligentes, bien por culpa in vigilando o por imprudencia al no realizarse la actividad laboral cumpliendo las medidas de seguridad que legal o reglamentariamente aparezcan establecidas, en cuyo caso, estos comportamientos deberán ser perseguidos a tenor de lo establecido en el art. 565 del CP (antiguo)». De lo que antecede, se desprende el incumplimiento palmario de esta Instrucción. La misma instrucción dispone, aún está vigente, que «de conformidad con lo establecido en el art. 262 de la LECrim. y con lo prevenido en el art. 3.1 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, en los supuestos en que las infracciones constatadas pudieran ser constitutivas de delito, la Administración trasladará el expediente al MF y se abstendrá de seguir procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia, o previamente sea archivado por el Fiscal; y una vez recibido por la Fiscalía el expediente remitido por la autoridad laboral en virtud de lo establecido en el art. 5 de su EO y el art. 785 bis de la LECrim. iniciará las correspondientes Diligencias de Investigación a cuyo fin la autoridad laboral le prestará el auxilio necesario».

La escasa operatividad del Ministerio Fiscal en materia tan importante fue reconocida por los Fiscales Jefes en la última reunión celebrada en Madrid en febrero de 1999. Este reconocimiento fue hecho por algún ponente con modestia, por otro se adujo en la ponencia presentada que el art. 316 del Código Penal tiene un sentido más simbólico que práctico, dirigido a mostrar la preocupación del legislador por la seguridad de los trabajadores, desarrollando, de paso, la letra y espíritu del art. 40.2 de la Constitución aunque carezca de efectiva aplicación, el mismo ponente consideró como causa de la misma la escasa inclinación demostrada por los Tribunales a no condenar a alguien por situaciones de peligro.

De las causas examinadas se deriva una conclusión clara: la acusación particular tiende más a la búsqueda de las indemnizaciones que a la calificación correcta de los hechos, por tanto, le es indiferente que aquélla se perciba en juicio de faltas o en procedimiento por delito y, producida la satisfacción pecuniaria, se aquieta; en los supuestos examinados, en ningún caso las acusaciones han calificado los hechos como constitutivos de un delito del art. 565 en relación con el correspondiente tipo penal de homicidio y lesiones en concurso con el art. 448 bis a) del Código Penal antiguo equivalentes a los arts. 142, 148 y 316 del vigente. Producido el grave riesgo para la seguridad de los trabajadores sin resultado letal o lesivo, la denuncia en la vía judicial no se efectúa ni por los trabajadores cuya seguridad se puso en peligro ni por los sindicatos ni por la autoridad laboral que celosa, acaso, de sus prerrogativas sancionadoras no pasa el tanto de culpa al Ministerio Fiscal.

Los órganos judiciales concentran su labor investigadora en el resultado lesivo sin valorar la situación de grave riesgo generada por la conculcación de las normas de prevención de riesgos.

El Ministerio Fiscal no alerta al instructor ni conduce la investigación hacia la averiguación de la duplicidad de infracciones penales y como colofón no acusa por ambas infracciones aunque se produzca el delito de riesgo y el de resultado, es más, se tolera la calificación de los hechos como falta, pese a la existencia de una jurisprudencia de la Sala II del Tribunal contundente en materia de imprudencias laborales, exigiendo una responsabilidad en cascada de toda aquella persona que desempeñe funciones de dirección o mando en una empresa, y tanto si son aquellas funciones superiores como intermedias o de mera ejecución, y tanto si las ejerce reglamentariamente como si las actúan de hecho, y llegando a afirmar que el trabajador debe ser protegido hasta de su propia imprudencia profesional, atribuyendo prácticamente una obligación a todos y cada uno de los especialistas intervinientes en el trabajo (garantes como barrera de contención del riesgo), de tal forma que todos pueden obrar negligentemente si no toman las medidas necesarias que impidan cualquier accidente, incluso ordenando en su caso la paralización de las obras. Se ha declarado reiteradas veces que cuantos dirigen y se hallan al cuidado de una obra deben impartir cuidadosamente las instrucciones oportunas de acuerdo con las Ordenanzas Legales de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 y la Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970 a fin de que el trabajo se realice con las adecuadas medidas de seguridad como garantes de la salvaguarda de la integridad física de cuantos trabajadores participen en la ejecución de los diversos trabajos, sujetos a riesgos que es preciso evitar, poniendo a continuación cuantas previsiones y experiencias técnicas sean concurrentes a tal fin, sin que puedan bastar advertencias generales sino atendiendo a cada situación con el debido cuidado; deber de cuidado que se pone a cargo hasta de los empresarios de los que se pueda discutir su carácter de tal desde el punto de vista del Derecho privado, pues le basta a nuestro más alto Tribunal con una posición de dirección ejercida de hecho.

Hemos recogido aquí la jurisprudencia más relevante en materia de imprudencias laborales, entre otras, sentencias de 29 de noviembre de 1974, 15 de octubre de 1976, 7 de julio de 1980, 12 de mayo de 1981, 28 de septiembre de 1987, 30 de mayo y 7 de junio de 1988, 21 de abril, 15 de mayo, 2 de octubre y 7 y 21 de diciembre de 1989, 30 de marzo y 9 de abril de 1990, 15 de marzo y 7 de noviembre de 1991, 3 y 28 de febrero y 15 de julio de 1992, 26 de octubre de 1993, y 18 de enero de 1995.

Así las cosas, hemos de afirmar que la práctica generalizada de los jueces instructores de incoar directamente juicio de faltas o declarar el hecho infracción penal de esta naturaleza, tras la incoación de diligencias previas con el visto del Ministerio Fiscal en los casos de «imprudencias laborales» con resultado de muerte o lesiones, resulta contraria a la jurisprudencia consolidada en esta materia.

Que el Tribunal Supremo califique como falta una imprudencia laboral es absolutamente excepcional. Una sentencia de dicho Tribunal, de 18 de enero de 1995, estima el recurso de casación articulado por la acusación particular interesando la condena del arquitecto, que había sido absuelto en la instancia, como autor de un delito de imprudencia temeraria, si bien degrada a falta los hechos imputados al encargado de la obra. Respecto al arquitecto que en los hechos probados se afirmaba que ignoraba que el personal utilizara el montacargas, al no haberlo presenciado ni ser informado de palabra o por escrito por el aparejador o por los dos restantes procesados, dice nuestro más alto Tribunal: «Tal desconocimiento por parte del arquitecto constituye una inferencia que deduce el Tribunal de instancia de una serie de datos circunstanciales. Se trata de la inferencia o conclusión indiciaria puede ser impugnada en casación al amparo del número 1 del art. 849 LECrim. según reiterada y conocida doctrina de esta Sala. En materia de prueba de indicios, en casación no pueden discutirse los hechos básicos (salvo lo permitido en el número 2 de tal art. 849 y, en su caso, lo relativo a la presunción de inocencia), pero si la conclusión lógica a que se llega partiendo de tales hechos básicos (art. 1253 CC), conclusión que de este modo es considerada como si de una cuestión de calificación jurídica se tratara por entender que excede de lo meramente fáctico. Valorar la lógica que encierra esa conclusión o inferencia está al alcance del Tribunal de casación. Las afirmaciones como la antes referida, realizadas en los hechos probados, cuando son hechas como conclusión de una prueba indiciaria, sólo son válidas en cuanto aparezcan corroboradas por la lógica propia de esa clase de prueba. Si falla esa lógica, que ha de razonar la misma sentencia y puede ser impugnada en casación, habrán de tenerse por inexistentes pese a haber sido realizadas en el apartado de los hechos probados. Por tanto, en el caso presente, la realidad de ese desconocimiento del arquitecto, que afirma como hecho probado la sentencia recurrida, puede ser discutida en esta alzada al haber sido impugnada por la acusación recurrente en el motivo aquí examinado; pero no es necesario extendernos más sobre este punto porque, aun admitiendo que tal desconocimiento fuera real y cierto, ello sólo podría valer para excluir la culpa consciente, pero no la inconsciente que, cuando es grave como ahora ocurre, también puede calificarse de temeraria.


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La práctica generalizada de los jueces instructores de incoar directamente juicio de faltas o declarar el hecho infracción penal de esta naturaleza, tras la incoación de diligencias previas con el visto del Ministerio Fiscal en los casos de «imprudencias laborales» con resultado de muerte o lesiones, resulta contraria a la jurisprudencia consolidada en esta materia
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En efecto, pese a ese desconocimiento afirmamos que hubo imprudencia en el arquitecto porque, como director de la obra, tenía obligación de vigilarla, además de la más inmediata y específica que le incumbía al aparejador, por las razones antes expuestas. Y si el arquitecto hubiera vigilado mínimamente, tendría que haber conocido que se había alcanzado la última planta (la 9.ª), que las escaleras de obra sólo alcanzaban a la 4.ª y que había un montacargas exterior, sólo apto reglamentariamente para materiales que, sin embargo, era utilizado por los trabajadores para subir y bajar, y ello de modo habitual al haber otro medio de acceso, razonablemente utilizable, hasta las últimas plantas.»

Respecto al encargado que, como hemos dicho, se ha estimado parcialmente su recurso dice: «lo que importa en esta cuestión es si realmente el recurrente actuaba o no como encargado de la obra», que la Audiencia resolvió de modo positivo y continua diciendo la indicada sentencia: «nos encontramos ante una relación de dependencia entre el representante de la empresa, también condenado, constructora y su subordinado directo, el encargado de la obra, que de hecho se ejercitaba diariamente a través de las constantes visitas de aquél al lugar de los trabajos y que notoriamente restaba independencia y libertad de criterio a este último para cualquier decisión que pudiera tomar, máxime sobre un extremo como el que ocasionó el suceso de autos —la prohibida utilización habitual del montacargas para los trabajadores y la inexistencia de escalera de obra hasta la última planta—, que no dependía de una orden concreta que pudiera haber dado el encargado a un obrero sobre una cuestión determinada en un preciso momento, sino que pertenece a la organización general del trabajo para un período amplio de tiempo y pese a ello la mencionada subordinación del encargado respecto del empresario no exime a aquel de responsabilidad por el cuidado que debía desempeñar como mando intermedio respecto de las normas sobre seguridad en el trabajo, pero sí la disminuye notoriamente, tanto que entendemos que su comportamiento ha de ser sancionado, no como delito de imprudencia temeraria del art. 565 sino como falta de imprudencia».

En todas las sentencias citadas anteriormente no se ha acusado por el tipo penal del art. 448 bis a) vigente en el momento que acaecieron los hechos, las acusaciones particulares se conforman en la práctica, con el tipo penal imprudente y ni tan siquiera acusan en ocasiones por delito, otro tanto ocurre con el Ministerio Fiscal, de ahí que no sea posible hablar de resistencia de los Tribunales a condenar por el delito de riesgo, como se afirma por la doctrina para justificar su inaplicación. La explicación es otra, el principio acusatorio impide el pronunciamiento de los Tribunales si no se efectúa la correspondiente pretensión punitiva por parte de las acusaciones y ninguna sentencia ha desestimado la pretensión de condena basada en el delito de riesgo porque tal pretensión no ha existido, sólo se le ha conferido a los Tribunales esta posibilidad en el procedimiento abreviado núm. 125/1997 provinente del Juzgado núm. 3 de Guadalajara y la no estimación por la Audiencia de la pretensión del Ministerio Fiscal tuvo como consecuencia la revocación de la sentencia por la Sala II del Tribunal Supremo en virtud del recurso de casación del Ministerio (sentencia de 12 de febrero de 1998).

La Instrucción de la Fiscalía General, anteriormente citada, aboga por un único delito, el imprudente, y considera que ha de aplicarse la calificación jurídica de temeraria. Tal Instrucción, de obligado cumplimiento, pero que en la práctica no se ha cumplido a la vista de lo anteriormente expuesto, no impide la solución concursal cuando, además del resultado lesivo o letal para un trabajador o trabajadores, se produzca un riesgo para los demás.

La generalidad de la doctrina penal se inclina por la existencia de un concurso ideal cuando, además del riesgo, se produce el resultado lesivo o letal. Doctrina ésta acertada porque es indudable la existencia en el art. 316 de un bien jurídico autónomo: la seguridad en el trabajo, consagrado por la Constitución —art. 40.2—, Estatuto de los Trabajadores —art. 4.2 d) y k)— y protegida a través del derecho administrativo —Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971, etc.— , a la que se suma la protección penal desde la reforma de 1983. Este bien jurídico aparece normativamente como derecho del trabajador y como deber del empresario y de todos aquellos con mando en la cadena productiva es de carácter indisponible y autónomo y distinto de la vida e integridad física.

No puede entenderse la existencia del art. 316 del Código Penal como un adelanto de la barrera de protección de la vida y la integridad física de todo ser humano sino de la protección de la seguridad del colectivo laboral en sus condiciones de trabajo; estamos, como dice Arroyo Zapatero, «ante la consagración de un objeto de protección distinto y ante un interés de titularidad diferente a la individual». La existencia de un bien jurídico colectivo, con uno u otro matiz, es criterio unánime en la doctrina penalista.

Sentadas estas premisas, cuando, como consecuencia del peligro grave creado, se produzca resultado lesivo o letal procede la aplicación del art. 77 del Código Penal por existir un concurso ideal de delitos. La existencia de un bien jurídico diferenciable y la estructuración como un delito común avala esta solución del concurso ideal patrocinada por la generalidad de los penalistas (Antonio Baylos y Juan Terradillas en Derecho penal del trabajo, Editorial Trotta, S.A., 1997; Arroyo Zapatero en «Comentarios a la Legislación Penal», dirigidos por Cobo del Rosal, La Reforma del Código Penal de 1983, Tomo V, Vol. 2.º; Muñoz Conde y Boix, J. J. en sus respectivos Manuales de Derecho Penal; el Magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Soto Nieto, en «Enfoque actual del delito contra la seguridad en el trabajo» y «Los riesgos laborales», publicados en LA LEY en Diario de 25 de julio de 1996 y 24 de enero de 1997, respectivamente; Juan José Fernández Domínguez, «De los delitos contra los Derechos de los Trabajadores», Revista LA LEY de 8 de mayo de 1996; Luis Jordana de Pozas, Código Penal (Doctrina y Jurisprudencia), dirigida por Cándido Conde Pumpido, 1997; Muñoz Conde, Derecho Penal. Parte Especial, Arroyo Zapatero, L. A., Protección Penal de la Seguridad en el Trabajo, Madrid, 1981; Bajo Fernández, «Delitos contra la Seguridad en el Trabajo», en Jueces para la Democracia, Protección Penal de los Derechos de los Trabajadores, Santiago de Compostela, 1985).


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La generalidad de la doctrina penal se inclina por la existencia de un concurso ideal cuando, además del riesgo, se produce el resultado lesivo o letal. Doctrina ésta acertada porque es indudable la existencia en el artículo 316 de un bien jurídico autónomo: la seguridad en el trabajo
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La Instrucción de la Fiscalía General citada no impide que el Ministerio Fiscal aprecie el concurso ideal cuando se crea un riesgo grave para los trabajadores y de él derive la muerte o las lesiones de alguno de los sometidos al riesgo. Es, no obstante, un obstáculo cuando la situación de riesgo creada por incumplimiento de medidas de seguridad afecta solamente al trabajador lesionado o fallecido. Tampoco es obstáculo a la tesis del concurso ideal el nuevo art. 8.3 del vigente Código Penal, que dice así: «el delito de peligro, seguido de otro de resultado de igual o mayor rango penal queda subsumido en este último y absorvido por él». Es claro que el incumplimiento grave de las medidas de seguridad adecuadas puede generar un peligro también grave para dos o más trabajadores y cuando se produce el resultado letal o lesivo para uno de ellos se produce un concurso ideal de delitos: uno, delito de riesgo, cuya finalidad es la protección de la seguridad física del colectivo laboral en sus condiciones de trabajo y, otro, de homicidio o lesiones cuya finalidad es la protección de la vida e integridad física de todo ser humano y por tanto, en virtud de lo dispuesto en el art. 77, si un mismo hecho constituye dos o más infracciones se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, que no puede exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente. La postura que aquí se sostiene matiza la sostenida por la generalidad de la doctrina penalista para hacerla compatible con la ya antigua Circular de la Fiscalía General del Estado y el nuevo art. 8.3 del Código Penal, impidiendo la absorción del delito de riesgo por el de resultado en todo caso con la consiguiente rebaja punitiva.

Esta tesis es la sostenida por la Fiscalía de Guadalajara. La primera sentencia dictada en la materia por la Audiencia Provincial de este territorio, de fecha 27 de enero de 1998 (procedimiento abreviado 125/1997 proviniente del Juzgado de Instrucción núm. 3) fue absolutoria, pese a los hechos declarados probados: «sobre las 18 horas del día 14 de octubre de 1996, en el Centro de trabajo de la empresa “Talleres de Carpintería de Madera S.A.” sito en la localidad de Sacedón, partido judicial de Guadalajara, los trabajadores Luis León Romero Mosqueda y Alfonso Alcocer Bodalo se encontraban en lo alto de una plataforma de madera situada a una altura de 3 metros, destinada al almacenaje de materiales, la cual en la fecha de los hechos carecía de medidas de protección perimetral. En dicha plataforma se encontraban ocasionalmente dos paquetes de puertas lacadas compuestas por 23 unidades aproximadamente cada uno de ellos, los cuales debían ser trasladados al borde de la plataforma para ser bajados al suelo de la nave; para lo cual se procedió a situar un traspalet en el altillo, ocupándose Luis León de su manejo y Alfonso de sujetar la carga mientras era desplazada. En la referida situación el traspalet quedó bruscamente frenado al tropezar una de sus ruedas con una tablilla de aglomerado que se encontraba en el suelo, lo que determinó que las puertas se precipitaran al vacío golpeando violentamente al trabajador Severiano Grande Ramos, quien se encontraba en el lugar donde cayeron las puertas cuando se dirigía al exterior de la nave en unión de sus compañeros Felipe Esteban Valero y Santiago Martínez Garrido, sin haber sido advertidos de los trabajos que se estaban desarrollando en la plataforma ni del peligro que podían representar dada la proximidad de aquélla a la puerta de entrada de vehículos y de personal. Como consecuencia de las lesiones sufridas el trabajador falleció habiendo renunciado sus herederos a cuantas acciones civiles y penales pudieran corresponderles al haber sido indemnizados por la compañía de seguros Mapfre. Los acusados Francisco Cuenca Ortega y Cruz Antonio Delgado Ortiz, mayores de edad y sin antecedentes penales, ostentando respectivamente la condición de gerente y jefe de taller de la referida empresa, no habían impartido a los trabajadores instrucciones concretas en la verificación de la labor a ellos encomendada, no habiéndoles advertido del peligro que podía representar el paso cercano a la plataforma ni que en ella se estuviera efectuando el traslado de las puertas que de forma no habitual se encontraban allí almacenadas». Las razones del Ministerio Fiscal en su calificación no fueron acogidas, se absolvió sin dar explicación alguna del art. 316 y consideró el hecho anteriormente descrito como una imprudencia leve y absolvió también por la falta por entender acorde con esta calificación errada que había habido una renuncia de la víctima a las acciones civiles y penales.

El Ministerio Fiscal preparó recurso de casación por considerar que la sentencia infringía los arts. 142 y 316 del Código Penal. El primero, porque con los hechos probados que hemos transcrito son manifestación de una imprudencia grave por parte de los acusados y la sentencia impugnada los calificaba como de imprudencia leve incardinable en el art. 621.2 del Código Penal, razonando que no se puede condenar por dicha falta porque según el núm. 6 del indicado precepto sólo son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal y consta en las actuaciones la renuncia de los perjudicados a las acciones civiles y penales considerando que vulneraba el art. 142.1 del Código Penal porque se trataba de una imprudencia grave con resultado de muerte y también por infracción del art. 316.

El recurso, preparado por la doble infracción, fue interpuesto por la Fiscalía del Supremo solamente por un motivo, infracción del art. 316, lo que ha ocasionado perplejidad al ponente de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1998 (LA LEY, 1999, 1080) que revocó la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara afirmando lo siguiente: «... el MF que al formular su acusación ante el Tribunal de instancia había imputado a los acusados dos delitos uno de homicidio por imprudencia grave y otra de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, se ha aquietado con la absolución acordada en la sentencia recurrida en relación con el que fue presunto delito de imprudencia y denuncia el único motivo de su recurso una infracción del art. 316». Dicho esto al inicio de los fundamentos de Derecho, vuelve al final a insistir sobre lo mismo después de arguir sobre las razones de la estimación del único motivo interpuesto y la anulación de la sentencia «todo lo cual es más que suficiente para estimar el único motivo de casación interpuesto por el MF». Esta sentencia tiene el mérito de ser la primera vez que nuestro más alto Tribunal se pronuncia sobre el art. 316 que ha dejado de estar ad exhibendum en el Código Penal y afirma en sus Fundamentos de Derecho: «como claramente se deduce de la descripción de delito castigado en el art. 316 CP, se trata de un tipo con varios elementos normativos que obligan, para la integración del mismo, a tener en cuenta lo dispuesto fuera de la propia norma penal. Ante todo, el sujeto activo del delito tiene que ser la persona legalmente obligada a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las adecuadas medidas de seguridad e higiene. Estas personas, cuando los hechos se atribuyan a una persona jurídica —en el caso, el accidente laboral enjuiciado en la sentencia recurrida se produjo en el centro de trabajo de una empresa propiedad de una sociedad anónima— son, según el art. 318 CP, los administradores y encargados del servicio, que conociendo el riesgo existente en una determinada situación no hubieren adoptado las medidas necesarias para evitarlo mediante la observancia de las normas de prevención atinentes al caso. En segundo lugar, se trata de un tipo de omisión que consiste en no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas y esta omisión debe suponer, en sí misma, el incumplimiento de las normas de cuidado expresamente establecidas en la legislación laboral, a lo que en la descripción legal del tipo se alude en su comienzo diciendo “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales”. Y por último, es preciso, para la integración del tipo que, con la infracción de aquellas normas de cuidado y la omisión del cumplimiento del deber de facilitar los medios necesarios para el desempeño del trabajo en las debidas condiciones de seguridad e higiene, se ponga en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, sin que sea necesario que el peligro se concrete en una lesión efectiva, de puesto que el delito en cuestión es un tipo de riesgo. Todo y cada uno de los elementos que acabamos de resumir concurrente en los hechos declarados probados.

Los acusados —uno gerente y el otro jefe de taller de la empresa— eran sin duda las personas que tenían que cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad e instruir a los trabajadores de riesgos inherentes a cada tarea. Ellos eran, como acertadamente se dice en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, los destinatarios de las normas de cuidado que tienen por fin la prevención de accidentes, pues a los dos incumbía, a cada uno en su círculo específico de responsabilidad, la organización y dirección del trabajo dentro de la empresa. A lo que debe añadirse que, como recuerda el Ministerio Fiscal en la argumentación de su recurso, la Ley de Prevención de Riesgos de 8 de noviembre de 1995 impone al empresario —término éste que debe entenderse ampliado de acuerdo con lo previsto en el ya mencionado art. 318 CP— el deber de protección frente a los trabajadores para garantizar su seguridad y salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo, para lo cual debe cumplir las obligaciones establecidas en las normas de prevención de riesgos laborales —art. 14— y ha de dar las debidas instrucciones a los trabajadores —art 154—, así como adoptar —art. 18— las medidas adecuadas para que aquéllos reciban las informaciones necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y salud que existan tanto en la empresa en su conjunto como en cada puesto de trabajo o función. Los acusados no cumplieron con estos deberes, puesto que, conociendo el riesgo que creaba la tarea en cuyo desarrollo se produjo el accidente, ni facilitaron los medios necesarios para evitarlo, ni dieron a los trabajadores las instrucciones necesarias para que ellos mismos lo evitaran. Recordemos que, en la ocasión de autos, dos trabajadores de la empresa, de la que los acusados eran gerente y jefe de taller respectivamente, tenían que trasladar al suelo de la nave, desde una plataforma situada a unos tres metros de altura, dos paquetes de puertas lacadas, conteniendo cada uno 23 unidades aproximadamente, para lo cual utilizaban un “transpalet” donde cargaban las puertas. Recordemos asimismo que la plataforma donde se trabaja no estaba rodeada de la barandilla perimental que ordena el art. 20 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de marzo de 1971, que el transporte de las puertas por la plataforma se realizaba sin fijarlas debidamente mediante fleje o amarre, y que en el suelo de la plataforma existía un obstáculo que inesperadamente obstaculizó la marcha del transpalet y provocó la precipitación de las puertas al vacío, y llegaremos a la conclusión de que, por parte de los acusados, se incurrió en más de una omisión en lo relativo a la facilitación de los medios necesarios para el desempeño del trabajo en las adecuadas condiciones de seguridad. Si a tales omisiones sumamos la que en este caso debe ser considerada especialmente decisiva, cual fue no advertir al personal del centro de trabajo de la inhabitual tarea que se estaba llevando a cabo en la plataforma, en las peligrosas condiciones que han quedado relatadas, teniendo en cuenta que el lugar por donde podían caer —y efectivamente cayeron— las puertas almacenadas estaban muy cerca de la puerta de la nave por donde continuamente entraban y salían trabajadores y personas relacionadas con el trabajo, tendremos que llegar forzosamente a la conclusión de que los acusados pusieron en grave peligro la vida y la integridad física de los trabajadores mediante la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que se han mencionado y absteniéndose de facilitarles los medios necesarios para el desempeño seguro de su actividad. Todo lo cual es más que suficiente para estimar el único motivo de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal.»

La Audiencia de Guadalajara, tras esta sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, ha cambiado su criterio y en todas las resoluciones posteriores condena por un delito contra los derechos de los trabajadores del art. 316 y un homicidio imprudente del art. 142 estimando la existencia de un concurso ideal, de acuerdo con lo interesado por el Ministerio Fiscal. Así ha ocurrido con las sentencias de 25 de junio de 1998 y 10 de noviembre del mismo año. Estas dos resoluciones tienen la relevancia de dejar resuelto el problema en el ámbito territorial del Tribunal de donde emanan, pero han servido también para que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto al ser recurrida la primera de ellas en casación por la defensa y confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia de 14 de julio de 1999; la segunda sentencia ha adquirido firmeza al no ser recurrida.

La sentencia de 14 de julio de 1999 del Tribunal Supremo (LA LEY, 1999, 11248) mantiene como probados los siguientes hechos: «El día 8 Jul. 1996, sobre las 8’10 horas Alfredo García Ruiz, que prestaba sus servicios para la empresa Montajes Azudenses S.A. en virtud de contrato de trabajo celebrado el 10 Abr. 1996 para obra determinada en la mercantil DRUMPE ubicada en el Polígono Miralcampo al amparo del Real Decreto 2546/1994 suscrito por Blanca Esther Calvo Izalde como representante de la referida sociedad, acompañaba al acusado Jesús Ruiz Valero esposo de la anteriormente citada, mayor de edad, sin antecedentes penales que ejercía como encargado de la sociedad Montajes Azudenses S.A., y de hecho administraba y representaba a la misma, dirigiéndose a la nave propiedad de Transportes Juan Santos S. A. sita en la parcela núm. 27 del Polígono Industrial de Cabanillas del Campo, donde la empresa Montajes Azudenses S.A. había contratado el cerramiento de la nave industrial, y donde el citado trabajador iba regularmente para retirar o suministrar materiales, cuando una vez en la misma y actuando el trabajador al servicio de la empresa y a las órdenes del encargado, encontrándose en la cubierta de la nave a una altura de 11 metros, por la parte más baja y 12’5 metros la más alta, formada por chapas galvanizadas, alternadas con placas de vidrio transparente, siendo estas últimas de un grosor inferior a un metro, sin resistencia para soportar el peso de una persona careciendo de plataformas o pasarelas sobre las que se pudiera circular sin peligro de rotura de las chapas, ni un cable fijador donde poder amarrar los cinturones de seguridad, que Alfredo Ruiz no llevaba. Debido a tales omisiones y cuando Alfredo Ruiz pisó una de las placas de vidrio, ésta se rompió, ocasionando su caída al suelo de la nave desde una altura de 12 metros, produciéndole lesiones de tal gravedad que determinaron su fallecimiento. Alfredo García Ruiz, era soltero, tenía 24 años y convivía con sus padres Alfredo García Poveda y Rosario Ruiz Fuentes, en la localidad de Azuqueca de Henares.

En la misma nave, propiedad de Juan Santos S.A. desarrollaba las tareas propias de cerramiento en la cubierta Julián Juárez Pérez, Bibiano Martínez Plaza, Eliseo Juárez Pérez y Francisco Javier Olivas Foronda que eran dirigidos y supervisados en su trabajo igualmente por el acusado Jesús Ruiz Valero.

La empresa Montajes Azudenses S.A. tenía contratada al tiempo de los hechos seguro en la Cía. Assicurzioni Generalli S.A. que cubría el riesgo, consignando con fecha 20 May. 1998 la cantidad de quince millones de pesetas.»

El recurrente denuncia infracción de ley «por vulnerar la sentencia recurrida el art. 8.3 del vigente Código Penal, al no apreciar absorción o consunción delictiva del delito contra los derechos de los trabajadores por el de homicidio imprudente». «El delito de peligro, seguido de otro de resultado de igual o mayor rango penal queda subsumido en este último y absorbido por él».

La Sala 2.ª del Supremo en esta sentencia afirma: «El Tribunal de instancia ha examinado este problema aquí impugnado por cuanto el resultado producido (el fallecimiento de un obrero) no agotó la posible producción de otro resultados lesivos derivados de la situación de peligro en que se encontraban trabajando la generalidad de los que desempeñaban sus funciones en la obra integra el tipo concreto de peligro del art. 317 del mismo texto legal, a resolver mediante la aplicación del art. 77 del Código Penal.

Ciertamente, cuando como consecuencia de la infracción de normas de prevención de los riesgos laborales se produzca el resultado que se pretendía evitar con ellas (la muerte o las lesiones del trabajador), el delito de resultado absorberá al de peligro (art. 8.3.ª CP), como una manifestación lógica de la progresión delictiva; mas cuando —como es el caso de autos— el resultado producido (la muerte de uno de los trabajadores) constituye solamente uno de los posibles resultados de la conducta omisiva del responsable de las medidas de seguridad (ya que —como dice el Tribunal de instancia— en la misma situación de peligro se encontraba trabajando la generalidad de los que desempeñaban sus funciones en la obra), debe estimarse correcta la tesis asumida por dicho Tribunal de instancia al entender que ha existido un concurso ideal de delitos. Por ello, el motivo carece de fundamento y no puede prosperar».

Lo precedentemente expuesto aboga porque la Fiscalía General del Estado elabore una Circular en la que se acoja el criterio de la sentencia que acabamos de exponer para evitar que el Ministerio Fiscal siga calificando los hechos como homicidio o lesiones imprudentes haciendo caso omiso del art. 317. Si esta petición, hecha ya en la memoria de 1998 y en la reunión de fiscales jefes celebrada en Madrid en febrero de 1999, no es atendida se producirá un efecto indeseable: convertir la sentencia de 14 de junio de 1999 en un islote en la jurisprudencia penal del Tribunal Supremo sobre la siniestralidad laboral. Así, en una sentencia de 26 de mayo de 1999 de la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza procedente del Juzgado de Instrucción núm. 6 de dicha ciudad se fijan los siguientes hechos: «el día 12 de febrero de 1997 se encontraba el trabajador de montajes Caltugas, José Rebollo Pamplona, de 30 años de edad, con categoría de oficial de primera, realizando un trabajo en la última planta del edificio consistente en la colocación de unos tubos de cobre para la instalación de gas a una altura de 33 metros sobre el nivel de la calle, sobre una plataforma compuesta por tres tablones que se apoyaban sobre el vuelo de la terraza y, sobre éstos, unos tableros de encofrado sujetos con un pequeño clavo y con un vuelo al vacío de unos 75 centímetros en su parte exterior, y al carecer esta plataforma de las más elementales medidas de seguridad que a los acusados correspondía colocar y controlar y, dado que no era adecuado para el peso del trabajador y que carecía de las correspondientes barandillas de protección, así como de puntos de sujeción para los cinturones de seguridad, cayó el trabajador al vacío arrastrando en su caída uno de los tablones, produciéndole la muerte por destrucción orgánica debido a politraumatismo ocasionado por precipitación.

El día del siniestro se encontraba con el fallecido su compañero, Juan Agreda Lozano, el cual ayudaba a suministrarle el material necesario para la realización del trabajo encomendado».

En este caso la acusación pública ha calificado el hecho como homicidio culposo del art. 142.1 del Código Penal, haciendo caso omiso del art. 316, la acusación particular lo ha calificado como constitutivo de un delito del art. 316 prescindiendo del art. 142.1. La Sala ha condenado calificando los hechos de homicidio culposo conforme a las reglas expuestas en el art. 8 del Código Penal. La acusación particular se ha aquietado, percibida la indemnización por sus patrocinados se ha dado por satisfecha su representación procesal. El Ministerio Fiscal tambien, puesto que la sentencia es conforme con sus pedimentos y quien ha recurrido en casación ha sido la defensa de los condenados, por tanto en este caso a la Sala 2.ª del Tribunal Supremo no le queda otra salida que revocar o confirmar la sentencia de la instancia haciendo los consaguidos razonamientos sobre el porqué existe homicidio culposo. Así las cosas se ha hurtado en este caso a la Sala 2.ª la posibilidad de pronunciarse nuevamente sobre el concurso ideal que perfectamente puede caber en este supuesto de hecho porque en los hechos probados se dice textualmente «que el día del siniestro se encontraba con el fallecido su compañero Juan Agreda Lozano, el cual ayudaba a suministrarle el material necesario para la realización del trabajo encomendado», por tanto se ha creado un riesgo grave para un trabajador distinto del fallecido y además, acaso, si se hubiera partido de la posibilidad de un concurso ideal en la instrucción se hubiera indagado sobre la existencia, siempre posible, de otros trabajadores sometidos a ese riesgo grave, indagación superflua si nos contentamos con el homicidio culposo y la teoría de la absorción del art. 8.1 del Código Penal.

El Ministerio Fiscal ha seguido distintos criterios en los tres supuestos antedichos con la consecuencia intolerable que hechos similares han provocado sentencias del Tribunal Supremo con calificaciones diversas: en una, se ha tenido en cuenta solamente el art. 317; en otra, se han aplicado los arts. 317, 142.1 y 77 y en la tercera, inexorablemente, se aplicará el art. 142.1 cuando se resuelva el recurso de casación planteado. Lo precedente puede dejar perplejo al estudioso de la jurisprudencia penal tanto si se limita al estudio de los fundamentos jurídicos como si, además, se informa de cuáles fueron los hechos probados en las respectivas sentencias. De ahí la necesidad de una circular de la Fiscalía General que imponga un criterio uniforme de actuación del Ministerio Fiscal. La postura adoptada por la Fiscalía de Guadalajara y expuesta en las correspondientes memorias no puede ser desdeñada por cuanto, tras distintos avatares procesales, fue acogida por la Audiencia Provincial de Guadalajara, primero, y por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo después.

En cuanto a la relación de los arts. 316 y 621 del Código Penal parece superfluo afirmar que nunca la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que pongan en peligro grave la vida, salud e integridad física de los trabajadores cuando se materializa el riesgo en la muerte o lesión constitutiva de delito puedan ser calificados los hechos como imprudencia leve, en cuanto a la imprudencia grave causante de las lesiones previstas en el apartado 2 del art. 147 resultaría de difícil aplicación porque es inimaginable que en los supuestos que nos ocupan encajen en el previsto en el indicado núm. 2 «menor gravedad» atendidos al medio empleado o al resultado producido.

•III. Principio non bis in idem

El art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone que el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en esta materia dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que pueda derivarse de dicho incumplimiento y en el apartado 3 establece que en los casos de concurrencia con el orden jurisdiccional penal será de aplicación el art. 3 de la Ley 8/1988 de 7 de abril, según dicho precepto, «en los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento». Este precepto da preferencia a la jurisdicción penal y trata de impedir que se vulnere el principio non bis in idem.

La Fiscalía General del Estado en la Instrucción 7/1991 bajo la rúbrica de «Criterios de actuación en los supuestos de infracciones contra el orden social» trata de evitar que esto ocurra, disponiendo: «que de conformidad con lo establecido en el art. 262 de la LECrim. y con lo prevenido en el art. 3.1 de la Ley 8/1988 de 7 de abril, en los supuestos en que las infracciones constatadas pudieran ser constitutivas de delito, la Administración trasladará el expediente al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia, o previamente sea archivado por el Fiscal; y una vez recibido por la Fiscalía el expediente remitido por la autoridad laboral, en virtud de lo establecido en el art. 5 de su Estatuto Orgánico y 785 bis de la LECrim., iniciará las correspondientes diligencias de investigación, a cuyo fin la autoridad laboral le prestará el auxilio necesario».

Lo precedente, de obligado cumplimiento para los Fiscales, no resuelve los problemas de coordinación del Ministerio Fiscal con la autoridad laboral y la Inspección de Trabajo, pero no impide que se introduzcan por cada Fiscalía medidas complementarías que la práctica aconseje y una hermenéutica cabal de los indicados preceptos exija.

La descoordinación del Ministerio Fiscal y las autoridades administrativas puede ocasionar que se incoen simultáneamente el expediente administrativo sancionador y el proceso penal y si aquél concluye con una sanción antes de que el proceso penal termine se ocasiona en virtud del principio non bis in idem (para que opere este principio ha de tratarse del mismo sujeto, los mismos hechos y el mismo fundamento) una caída de la preferencia de la jurisdicción penal, porque como muy bien dice la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de octubre de 1999, «el principio de non bis in idem se configura como un derecho fundamental del ciudadano frente a la decisión de un poder público de castigarlo por unos hechos que ya fueron objeto de sanción, como consecuencia del anterior ejercicio del ius puniendi del Estado. Por ello, en cuanto derecho de defensa del ciudadano frente a una desproporcionada reacción punitiva, la interdicción del bis in idem no puede depender del orden de preferencia que normativamente se hubiese establecido entre los poderes constitucionalmente legitimados para el ejercicio del derecho punitivo y sancionador del Estado, ni menos aún de la eventual inobservancia, por la Administración sancionadora, de la jurisdicción penal sobre la potestad administrativa sancionadora ha de ser entendida como una garantía del ciudadano, complementaria de su derecho a no ser sancionador dos veces por unos mismos hechos, y nunca como una circunstancia limitativa e la garantía que implica aquel derecho fundamental».

Dicha descoordinación genera, además la inaplicación del art. 318 del Código Penal.

Cuando se produce el resultado de muerte o lesiones del trabajador la notitia criminis llega al Juzgado de Guardia a través del Insalud en un brevísimo espacio de tiempo, por lo tanto la notitia criminis no proviene de la autoridad laboral ni hace falta, ningún obstáculo hay en que si hubiera méritos para ello se incoe el procedimiento administrativo sancionador y las indagaciones producidas en dicho expediente son recabadas por el Ministerio Fiscal para su incorporación a las actuaciones penales.

El problema surge cuando hay infracción grave de la normativa de prevención de los accidentes laborales sin resultado lesivo, en tal caso la notitia criminis ha de llegar necesariamente de la autoridad laboral y aquí la coordinación no es la que debiera quizá porque es una constante que cada autoridad o funcionario sea celoso de su ámbito competencial.

No puede ni debe la autoridad laboral o la Inspección de Trabajo decidir qué infracciones de las normas de seguridad e higiene en el trabajo revisten caracteres de delito para remitirlas al Ministerio Fiscal, es el Ministerio Fiscal quien debe dar instrucciones a dichas autoridades sobre qué ha de remitirse a la Fiscalía para después decidir qué hechos tienen entidad suficiente para ser considerados delitos, o para abrir una investigación al respecto que pueda concluir en un decreto de archivo o con una remisión al Juzgado. Es indudable que no se puede permitir que el principio de oportunidad sea manejado por la autoridad laboral, puesto que puede haber razones ajenas a la estricta legalidad. En definitiva, es el Ministerio Fiscal quien tiene la facultad de decidir qué infracciones puedan ser constitutivas de delito o qué infracciones merecen una investigación más exahustiva por si lo fueren.


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La descoordinación del Ministerio Fiscal y las autoridades administrativas puede ocasionar que se incoen simultáneamente el expediente administrativo sancionador y el proceso penal y si aquél concluye con una sanción antes de que el proceso penal termine se ocasiona en virtud del principio non bis in idem una caída de la preferencia de la jurisdicción penal
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Pero por otro lado, no puede encomendarse al Ministerio Fiscal que reciba un sin fin de expedientes para que una vez examinados se abran diligencias de investigación en la Fiscalía o bien se remitan inicialmente ya al Juzgado Decano. Lo sensato es que por el Ministerio Fiscal se interese la remisión de todos los expedientes administrativos incoados por infracciones de la máxima gravedad y que una vez tramitados y antes de decidir la autoridad correspondiente sobre su sanción se remitan al Ministerio Fiscal con paralización del procedimiento para que éste decida sobre si merece o no la calificación jurídica de delito.

Es imprescindible que sea el Ministerio Fiscal quien examine las conductas omisivas por parte de los empresarios de las normas de prevención de riesgos laborales para decidir si efectivamente existen indicios del delito que prevé el art. 316 del Código Penal, porque es preciso que se ponga en peligro grave la vida la salud o la integridad física de los trabajadores. Si el precedente art. 348 bis a) ponía el acento en la gravedad de la infracción de las normas reglamentarias, el nuevo precepto pone el acento en la gravedad del riesgo. Por tanto, sólo tras el examen y el juicio de la completa peligrosidad, puede llegarse a la conclusión de si estamos o no ante un posible delito.

El art. 4.2 de la Ley de Riesgos Laborales conceptúa como riesgo laboral la posiblidad de que un trabajador sufra un determinado daño en un determinado trabajo y, por lo tanto, habrá de valorarse la probabilidad de que se produzca y la severidad del mismo. En el mismo precepto, en el apartado cuarto, define el riesgo laboral grave e inminente, basándose en la probabilidad de su materialización en un futuro inmediato y en la gravedad para la salud de los trabajadores, esta definición corre pareja el tipo penal, como fácilmente se percibe.

Es una obviedad añadir que, en el supuesto que haya una escasa peligrosidad para la vida y la integridad física, el hecho carece de relevancia penal.

La diferencia entre el texto punitivo introducido por la reforma de 1983 y el actualmente vigente, poniendo el primero el acento en la gravedad de la infracción y el segundo en la gravedad del peligro, parece evidente en

teoría, pero no así en la práctica y ello porque es lógico suponer que el criterio que preside la calificación de infracción grave en el ámbito administrativo es precisamente la posibilidad, la probabilidad de que el resultado dañoso se produzca. Sánchez Devesa recuerda que hay que llamar la atención sobre la distancia que separa el mero incumplimiento objetivo de las normas reglamentarias y la responsabilidad criminal, pues aquél engendra una sanción con independencia de que medie o no culpabilidad. Muñoz Conde y Arroyo Zapatero criticaban la exigencia en el antiguo Código Penal de que la infracción sea grave e insistían en que el legislador debiera de haber calificado como grave el peligro constitutivo del resultado del delito y ello hubiera restringido, sin duda, el ámbito de lo punible.

Partiendo del criterio de que la gravedad de las sanciones administrativas está en relación con la gravedad del daño potencial para el bien jurídico protegido, parece imprescindible que esta gravedad sea un prius para el Derecho penal; por lo tanto, el criterio para iniciar unas diligencias penales ha de ser doble: gravedad de la infracción y, dentro de la gravedad de la infracción, la gravedad del peligro. En cuanto a la culpabilidad, es necesaria tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, sin perjuicio de las diferencias entre uno y otro procedimiento. Parece disparatado que se lleven al Derecho penal conductas que no merezcan en el ámbito administrativo la máxima sanción, parece todavía más disparatado que se inicie un proceso penal para investigar conductas sancionables levemente. Por tanto, parece lógico que el Ministerio Fiscal recabe de la autoridad laboral solamente aquellos expedientes administrativos que supongan las máximas sanciones y, naturalmente, una vez concluido el expediente y antes de que se proceda a sancionar las conductas en el ámbito administrativo y esto, por un lado, para evitar la vulneración del principio non bis in idem y, por otro, para tener en la causa penal las investigaciones e informes realizados por la autoridad laboral verdaderos expertos en la materia.

•IV. Conclusiones

1.— Es imprescindible que por la Fiscalía General del Estado se elabore una circular o instrucción sobre las sinistralidad laboral que ponga fin a la conducta procesal errática del Ministerio Fiscal que obliga a los Tribunales de Justicia a dar soluciones jurídicas diversas a supuestos de hechos idénticos.

La situación actual es contraria al principio de igualdad ante la Ley penal, vulnera el principio de unidad y dependencia por los que se rige el Ministerio Fiscal, se opone a la necesidad de un impulso unitario de la política criminal y entorpece la protección de la vida e integridad física de los trabajadores.

2.— La solución aquí apuntada del concurso ideal ha sido acogida, por fin, por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo en la única ocasión que el Ministerio Fiscal le ha permitido pronunciarse al respecto.

3.— Es preciso que por la autoridad laboral, antes de dictar la resolución sancionadora, dejando en suspenso el procedimiento, se dé traslado al Ministerio Fiscal de todos los expedientes incoados por infracciones graves o muy graves de la normativa de prevención de los accidentes laborales para que el Ministerio Fiscal examine las actuaciones y decida si procede la incoación de diligencias de investigación criminal en la Fiscalía para completar la instrucción, su remisión al Juzgado Decano para reparto o bien decida la devolución a la autoridad laboral para su sanción por considerar que los hechos no tienen la entidad suficiente para constituir un delito del art. 318 del Código Penal. Procediendo así se dará toda su virtualidad práctica al mencionado artículo y se sancionarían penalmente las conductas que pongan en riesgo grave la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores sin necesidad de esperar que el daño que se trata de evitar se produzca.

4.— Es obvia la necesidad de excitar el celo de los funcionarios de la Inspección de Trabajo para que acaecido el siniestro se personen en el lugar inmediatamente para que la inspección ocular y el levantamiento de la correspondiente acta sirva de acarreos de pruebas para el proceso penal. La presencia tardía en el lugar del evento sirve para poco más que para convertir a los controladores laborales en meros testigos de referencia.

5.— Es necesario que los sindicatos denuncien a la Fiscalía las infracciones graves de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo sin esperar a que el riesgo se convierta en lesión para la indemnidad física de los trabajadores.

6.— Naturalmente las conclusiones expuestas se refieren al ámbito que nos es propio, el ejercicio del ius puniendi del Estado, sin perjuicio de la necesidad de otras políticas relativas a posibles ventajas fiscales o subvenciones a las empresas que cumplan rigurosamente con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.


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