Me quedo absolutamente perplejo ante la noticia publicada hace escasos días. Los medios de comunicación se hacían eco de una manifestación en Campos de medio centenar de estudiantes, familiares y particulares, en defensa de los tres menores que presuntamente violaron a una niña. Además de pancartas y gritos, se recogían firmas para pedir su libertad, porque según los manifestantes son inocentes. Los presuntos violadores están, de momento, recluidos en es Pinaret. La Fiscalía y la Guardia Civil, mientras sigue la investigación, consideran que hay pruebas suficientes. Además, parece que la agresión sexual fue grabada en vídeo. El acoso y la agresión sexual, llegando a la violación, además de ser una lacra social es un delito que no merece ninguna justificación ni defensa por parte de nadie, por muy amiguetes que sean y la víctima sea de otra población. De aquí a la xenofobia, sólo queda un pasito. Es muy preocupante que, cuando se produce una agresión sexual, algunos sigan pensando que ha existido una provocación previa por parte de la mujer que ha resultado insoportable para el macho ibérico.

Les expongo mi segunda perplejidad. El paro, básicamente en construcción, afecta de modo prioritario a los trabajadores procedentes de la inmigración. No sólo a los recién llegados, sino también a personas que ya llevan años entre nosotros. En nuestra Comunidad son menos los que llegan, y comienzan a vislumbrarse ciertos procesos de regreso a su país de origen. La realidad es muy simple: sesudos economistas, al menos hasta ahora, insistían en la importancia de la presencia de inmigrantes (¡regulares!) para mantener nuestros índices de crecimiento y la permanencia del sistema público de pensiones. Hoy, en plena desaceleración económica, las cosas han cambiado: ya no son necesarios (¡ni los legales!), e incluso se les percibe como posible competencia para los trabajadores nativos. En consecuencia, se les anima a regresar a sus países, incluso con ayudas económicas.

Para más inri, algunos gurús proponen restringir la denominada reagrupación familiar. Tal reagrupación, prevista en la ley, consiste en que un ciudadano/a procedente de la inmigración, teniendo sus papeles en regla, estando activo laboralmente, y con unos años de estancia entre nosotros, tenga la posibilidad de que sus parientes más próximos (hijos/hijas, marido/mujer...) puedan "reagruparse" aquí. Dichos trámites resultan tremendamente engorrosos y difíciles. Ahora se pretende añadirles más dificultades, porque han descubierto que la venida aquí de menores de edad y similares nos significa un coste demasiado elevado en escolarización, sanidad? Dicha iniciativa corresponde al pensamiento de aquellos que opinan que los inmigrantes son una mercancía de usar y tirar.

El recién nombrado ministro Celestino Corbacho, conocedor de la realidad (con sus problemas incluidos) de la inmigración por los largos años que ha sido alcalde de Hospitalet, parece apostar por reconocer el derecho al voto de los ciudadanos/as procedentes de la inmigración con años de residencia legal entre nosotros. Si tuvieran derecho a voto, otro gallo les cantaría. Más aún, también parece abierto a estudiar la reducción de diez a cinco años el período mínimo de residencia de los extranjeros para obtener la nacionalidad española. En la actualidad sólo si tienes la nacionalidad mereces la consideración real de ciudadano/a.

Para finalizar mi rosario de perplejidades acudo a los penúltimos (porque, según parece, nunca son los últimos) casos de robos a mano armada de nuestros dineros (eufemísticamente llamados cohecho, corrupción?). Me causan sencillamente asco e indignación. Es fantástico como los presuntos ladrones se declaran enfermos, y por tanto con responsabilidades limitadas. Es sorprendente ver como sus responsables políticos, con faz patética y acongojada, se limitan a pedirnos un rosario de perdones un día sí y el otro también desde el histórico caso Rasputín. Bueno sería recordarles que además de pedir perdón, deberían cumplir penitencia (pagar por los "pecados"), y sobretodo tener propósito de enmienda. Debo confiar en que la justicia haga pagar no sólo los autores materiales (¡los que pusieron mano en la caja!) sino también aquellos que miraban hacia otro lado (con la mano extendida o no). Y que no termine todo en agua de borrajas, sea porque ha "prescrito", sea por otras mil y una argucias técnicas.

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