Las denuncias de acoso o violencia escolar en los centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma, para que sirvan de reflexión a todos, durante los últimos tres cursos lectivos fueron las siguientes: en el curso 2004-05 hubo un total de 47 denuncias, en el 2005-06, 113 y en el 2006-07 el resultado fue de 69 denuncias, presentadas en la Consejería de Educación. En el presente curso, una vez finalizados los dos primeros trimestres, el número de denuncias, según datos del señor Consejero presentados en sede parlamentaria, asciende a 28.

Pues bien, en esa línea de seriedad y coherencia que nos caracteriza o debe caracterizar a todos los profesionales de la enseñanza, me van a permitir una serie de notas sobre el problema que nos ocupa.

Resulta evidente que desde la Consejería de Educación se intenta minusvalorar el problema con cierta dosis de optimismo y triunfalismo que luego no se corresponde con la realidad, y lo hacen argumentando que si casos de verdadero acoso son algunos, otros no; que si hay una creciente sensibilización, que si es un tema especialmente mediáticoÉetcétera, y ese obviamente no es el camino para corregir o atajar un problema que preocupa a muchas familias, muchas más de las que piensa el señor Consejero.

Hay un aspecto muy a tener en cuenta que no es otro que el hecho de que los casos denunciados no se ajustan a la realidad, pues los métodos usados por los acosadores son cambiantes y de lo más sofisticado, e incluso insospechados, cuestión que hace que se queden sin conocer o detectar muchos de ellos.

En el presente curso escolar 2007-08 todos los centros educativos han adaptado su reglamento de régimen interno a lo que dispone el decreto 249/07 de 26 de septiembre sobre derechos, deberes y normas de convivencia. Desde entonces, los hechos más significados tienen algo en común y no es otra cuestión que su difícil encaje en el decreto; me refiero al tema de si gorra sí o no en el aula, la primera expulsión después del decreto en un IES de Avilés, o la solicitud de ayuda a la Policía de una familia para llevar a su hijo al centro.

Que el plan o decreto era incompleto y presentaba múltiples errores ya se lo había advertido, pero la redacción del artículo 42, que impedía a los directores ejecutar las expulsiones, hasta que no se corrigió el despropósito, era un claro paso atrás respecto al decreto de 1995. Lamentable que con toda esa corte de asesores no se hayan enterado hasta que, una vez más, el sentido común de los directores prevaleció.

El verdadero problema está en que la Consejería de Educación no cree en la autonomía de los centros y no se entera o no quiere enterarse de que lo único que funciona es lo que se organiza en cada centro educativo pero no porque se hayan adaptado al decreto, sino por su esfuerzo, creatividad y autonomía.

Estamos ante una política que evade las responsabilidades que le corresponden y asume o no suelta las que debería otorgar a cada centro. Y como la problemática existe en nuestras aulas, es una realidad, tenemos a los profesores, en ocasiones, agotados de enfrentarse a ella sin más herramientas que la profesionalidad que siempre han demostrado y demuestran.

En resumen, y tome buena nota, señor Consejero, usted y los más de 69 asesores de su Consejería:

a) El decreto es incompleto, intervencionista, tardío, desfasado y reglamentista y carente de algunos contenidos básicos, que sí se desarrollan o aplican en otras comunidades autónomas.

b) O se hace un plan o decreto completo, o se permite a cada centro el suyo independiente o al margen del decreto general. Los problemas en el aula en este tema, como en todos, sólo pueden corregirse dando más autonomía a los centros y apoyando a los profesores.

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