Un juzgado de Barcelona ha citado a declarar como querellados a los miembros de la cúpula directiva de la Caixa Penedès, a los que imputa hasta siete delitos por un supuesto acoso laboral a un antiguo responsable de una oficina de la entidad.

Fuentes judiciales han dicho que es la primera vez que un juez imputa a la más alta representación de una empresa por un supuesto caso de acoso moral en el trabajo.

El juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona ha dictado un auto en el que cita a declarar como imputados a José Parera Ripoll, presidente de la Caixa Penedès; Ricard Pagès, director general; José Ruiz Martos, subdirector general, y Fernando Fernández Santamaría, jefe de zona.

En su auto, el juez dice que ellos pueden ser responsables de los presuntos delitos de lesiones, coacciones, amenazas, contra la integridad moral, contra los trabajadores, contra la intimidad y de injurias y calumnias.

El magistrado justifica la imputación diciendo en su auto que "la incipiente literatura jurídica efectivamente califica con la nueva palabra anglosajona 'mobbing' aquella presión laboral ejercida desde puestos directivos de algunas empresas tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración en su lugar de trabajo".

El juez ha abierto diligencias contra los máximos responsables de la entidad a raíz de una querella presentada por José María S.F., que durante diez años fue delegado de la oficina de la caja situada en la Rambla Catalunya de Barcelona.

El denunciante se halla desde septiembre de 2001 en situación de baja laboral por incapacidad temporal "como consecuencia del acoso moral, el trato denigrante, vejatorio y coaccionante por parte de diversos directivos de la Caixa del Penedés, que le han causado graves lesiones incapacitándolo para su trabajo habitual", según se señala en la denuncia.

El juez, en su auto, se hace eco de esta situación y dice que el denunciante sufre una depresión y está de baja "a causa de los acosos, coacciones y vejaciones sufridos en su puesto de trabajo con objeto de conseguir una denigración de José María S.".

El magistrado indica que ese acoso se hizo "a base de desacreditarlo frente a los demás delegados de la empresa para conseguir su posterior destitución de su cargo, mandándolo a trabajar a otra oficina como simple administrativo de base, rebajándole el sueldo y quitándole incentivos y prestaciones para conseguir que abandonase su puesto de trabajo y se diese de baja de la empresa".

Según un informe psiquiátrico unido a la querella, el denunciante sufre un "daño psíquico debido a la actitud de sus superiores" que se concreta en que su más inmediato superior "le niega la posibilidad de expresarse, ha sido amenazado verbalmente y por escrito y ha sido rechazado".

La querella relata que cuando José María S. se hizo cargo de la oficina de la Rambla Catalunya tenía unos depósitos de clientes por un valor de 6.000 millones de pesetas y añade que cuando cogió la baja por depresión por el supuesto acoso moral de los jefes la oficina tenía depósitos por 19.000 millones, por lo que llegó a ser felicitado en varias ocasiones.

"Hemos observado que aquellos éxitos fueron mal interpretados por alguno de sus superiores, quizás por miedo a su puesto o por una malsana intención", concluye la querella.





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