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El abuso de confianza es causa de despido procedente
www.expansionyempleo.com
31.07.2005 enviar artículo imprimir página

En esta sentencia se determina la procedencia del despido del gerente de un restaurante. El motivo del despido fue la apropiación de dinero de una caja fuerte para gastos personales. Aunque devolvió el dinero, se considera que esta acción transgrede la buena fe contractual y supone un abuso de confianza.

En la sentencia se consideró probado que el trabajador había cogido dinero temporalmente de la caja fuerte del establecimiento para atender gastos personales. Requerido por la empresa el empleado devolvió el dinero. A raíz de esa conducta y otras más que no se acreditaron en el juicio, se despidió al profesional.

El Tribunal Supremo, que es quien decide en última instancia este caso, indica que en efecto nos encontramos con un despido procedente. Ello se debe a que la conducta del trabajador comporta una transgresión de la buena fe contractual, pues no cabe duda que como gerente del establecimiento al utilizar el dinero de la empresa para fines propios, desviándolos del uso para el que está destinado, supone una actuación contraria a los deberes de conducta que deben presidir el contrato de trabajo. A su vez, constituye un abuso de confianza –modalidad cualificada de la transgresión de la buena fe– consistente en el mal uso de las facultades conferidas, que ocasionan lesión o riesgo para los intereses de la empresa.

Como indica el tribunal, la buena fe es consustancial al contrato, porque por su naturaleza genera derechos y deberes recíprocos, traduciéndose el deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador en una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual. La esencia del incumplimiento del profesional no está en el daño causado –en este caso inexistente– sino en el quebranto de la buena fe y de la lealtad.

De igual manera no es necesario que la conducta tenga carácter doloso, es decir, intencionado pues a estos efectos también se engloban las acciones simplemente culpables, cuando la negligencia sea grave e inexcusable. A los efectos de valorar la gravedad y culpabilidad de la infracción pasan a un primer plano la categoría profesional, la responsabilidad del puesto y la confianza depositada, agravando la responsabilidad del personal directo, como en este caso, el cargo de gerente del establecimiento.

En cuanto a la pérdida de confianza, no se debe establecer graduación alguna. La deslealtad consiste en la eliminación voluntaria de los valores éticos que deben inspirar al trabajador en el cumplimiento de los deberes básicos que el contrato le impone. La deslealtad también contempla el abuso de la confianza recibida por parte de la compañía, en razón del cargo desempeñado, en este caso gerente, rebasando los límites de éste, en provecho propio o de un tercero que no sea acreedor directo de las prestaciones empresariales. Dicha falta se entiende cometida aunque no se acredite la existencia de lucro personal, ni haber causado daños a la empresa, bastando el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad propios de la relación laboral.

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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Málaga, núm. 320/2004 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 13 febrero
Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 2567/2003.
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Manuel González Viñas.;

DESPIDO: transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza: no es imprescindible el perjuicio económico para la empresa: ni el lucro del trabajador; no es necesario que la conducta tenga carácter doloso, pues también se engloban las acciones simplemente culposas, cuando la negligencia sea grave e inexcusable; procedente: uso temporal y para fines particulares de dinero depositado en caja fuerte por la empresa para atender a imprevistos: reintegro posterior.

GARANTIAS POR CAMBIO DE EMPRESARIO: sucesión de empresas: desestimación: franquicia: falta de prestación laboral ininterrumpida.

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por el demandante y estima el formulado por la empresa «R. R., SL» codemandada, contra la Sentencia de 08-04-2003 del Juzgado de lo Social núm. 8 de los de Málaga, dictada en autos promovidos en reclamación por despido, revocándola en el sentido de declarar la procedencia del despido, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.

En Málaga, a trece de febrero de dos mil cuatro.
La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente:
SENTENCIA

En el recurso de Suplicación interpuesto por Carlos A. y R. R., SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Ocho de Malaga, ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. Jose Manuel Gonzalez Viñas.
ANTECEDENTES DE HECHO

Que según consta en autos se presentó demanda por Carlos A. y R. R., SL sobre DESPIDO siendo demandado M. Sistemas de España INC, FOGASA habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 8-4-03 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

I.-1. El demandante comenzó a prestar sus servicios para el demandado R. R., SL el día 01.08.92, ostentando últimamente la categoría profesional de Gerente de Establecimiento, y percibiendo un salario mensual de 0000’00.

2. Con anterioridad el actor prestó servicios, en el mismo centro de trabajo, para las mercantiles en régimen de franquicia que constan en el Informe de Vida laboral que obra en autos (doc. 1 de la actora) y se da por reproducido.

3. El actor trabajaba en el turno de nueve de la mañana a cinco de la tarde. En el establecimiento hay otros dos turnos, uno de diez de la mañana a seis de la tarde, y otro de tarde.

II.-1. En fecha 11.10.02 la empresa comunica verbalmente al trabajador demandante su decisión de despedirle.

2. En fecha 15.10.02 el demandante recibe carta de despido. Obra en autos y se da por reproducida.

3. En fecha 14.11.02 el demandante recibe carta de despido en la que se amplía y detalla la de 15.10.02. Obra en autos y se da por reproducida.

III.-1. Con ocasión de la entrada en circulación del euro, se produjeron en el centro de trabajo donde el actor presta sus servicios (Restaurante M.) numerosos y constantes problemas relacionados con el cuadre de las cajas.

2. En fecha no bien determinada del mes de marzo de 2002 el demandante puso tales problemas en conocimiento del Supervisor D. Carlos A., el cual verbalmente le indicó la manera de gestionarlos, que consistía, básicamente, en facturar el pedido, abrir la caja, anular el pedido, sacar el dinero y guardarlo, y apuntar el producto en una hoja de basura para descartar de inventario.

3.1. Como consecuencia de ese modo de operar, no consta la falta de cantidad alguna a la empresa. No consta tampoco que el demandante se haya quedado para sí cantidad alguna, o la haya desviado para otro fin o para otras personas.

3.2. En particular no constan debidamente acreditados los hechos descritos en el punto 1º de la carta de fecha 08.11.02

IV.-1. El día 24.06.02 la empresa que se ocupaba de la recogida de las recaudaciones de las cajas detectó la falta de 1.309,99 €, correspondientes a los días 21, 22 y 23 de dicho mes. No se acredita que el demandante participara ni directa ni indirectamente en el cómputo de la cantidad ni en la entrega a la Compañía de Seguridad. El parte de entrega fue confeccionado por el trabajador D. S., del turno siguiente al del actor.

2. El día 25.08.02 la empresa que se ocupaba de la recogida de las recaudaciones de las cajas detectó la falta de 2.382,20 €. No se acredita que el demandante participara ni directa ni indirectamente en el cómputo de la cantidad ni en la entrega a la Compañía de Seguridad. El parte de entrega fue también confeccionado por el referido D. S.

V.-No hay prueba bastante de que el demandante eximiera del pago de la cantidad fija por adulto y por niño en las fiestas que se detallan en los puntos 2º y 6º de la carta de fecha 08.11.02

VI.-No hay prueba bastante de que el demandante haya modificado ni maliciosamente ni de otra forma los inventarios de existencias del establecimiento en los meses de agosto y septiembre de 2002.

VII.-No hay prueba bastante de que el demandante rompiera facturas de proveedores.

VIII.-No hay prueba bastante de que el demandante, sin permiso ni conocimiento de la empresa, se permitiera hacer invitaciones a diferentes clientes. En particular no consta que las hiciera a los clientes identificados en los puntos 5º y 6º de la carta de fecha 08.11.02.

IX.-1. La empresa mantiene en el establecimiento una caja fuerte con una cantidad fija de dinero (3.000’00 €) para atender los imprevistos de cambio y pago de facturas.

2. El actor, sin conocimiento de la empresa, en fecha 24.09.02 dispuso temporalmente de 200’00 € de esta caja para fines particulares.

3. El día 12.10.02, y tras serle requerida, restituyó a la empresa, por medio de su esposa, la citada cantidad.

X.-No hay prueba bastante de que el demandante haya hecho desaparecer los rollos de las impresoras que se refieren en el punto 8º de la carta de 08.11.02.

XI.-1. El día 07.09.02 se detectó un error informático en la caja registradora número 8 del establecimiento, para cuya solución el demandante se puso en contacto con el servicio técnico.

2. No hay prueba bastante de que el demandante, aprovechándose de dicho error informático en los términos que se expresan en el punto 10º de la carta de fecha 08.11.02, se apropiase de 130 €.

XII.-No hay prueba bastante de que el demandante haya insultado o faltado el respecto en público de cualquier forma a la titular de la franquicia ni a su cónyuge.

Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte demandante, recurso que formalizó, siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Contra la sentencia de instancia que estimando la demanda en reclamación por despido objeto de litis, decreta su improcedencia con los efectos legales a ello inherentes que se concretan en su fallo, se alzan en suplicación ambas partes litigantes, la actora articulando un primer motivo, al amparo del apartado b) del artículo 191 LPL, postulando revisión de probados y en particular la adición de uno nuevo con el siguiente tenor literal: En fecha 1 de julio de 1991 la empresa Restauración SL se subrogó en la empresa R. S. respecto al actor, comunicándose dicha subrogación al INEM mediante anexo al contrato, registrado en la Oficina de empleo de T. el 16.4.99.

Propuesta de revisión fáctica que no puede prosperar pues de la documental que al efecto se invoca, no se desprende de manera patente y evidente como pretende la recurrente, una prestación servicial ininterrumpida para ambas empresas franquiciadas por parte del ahora recurrente y en realidad así lo viene a poner de relieve, al reconocer que del propio informe de vida laboral que la resolución combatida da por reproducido (hecho probado 1.2), se desprende que entre el 1.7.91 y el 31.7.92 no aparece cotización alguna por el actor, lo que a falta de prueba en contrario como a su vez aduce la impugnante debe ser asimilado a falta de prestación servicial para la demandada con antelación al 1.8.92, sin perjuicio todo ello evidentemente, de que a efectos distintos de los derivados de la decisión extintiva, se le hubiera podido reconocer una antigüedad superior.

Ya por la vía del apartado c) del artículo 191 LPL denuncia la recurrente, infracción de lo dispuesto en el art. 56-1-a) ET en relación con el art. 110.1.LPL art. 44 ET en relación con la directiva 2001/23 de 12 de agosto de 2001 del Consejo relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, centros de actividad o de partes de empresa y art. 1255 Código Civil, por entender en definitiva, que el computo del tiempo de servicios que se le debe tener en cuenta al momento de establecer la indemnización a señalar como consecuencia de la declaración de improcedencia de su despido.

Motivo de censura jurídica que no puede prosperar, pues aun cuando la existencia de varios franquiciados no excluye de por sí la operatividad del art. 44 ET entre ellos siempre que hayan concurrido los requisitos necesarios para ello y no evidentemente con el franquiciador, con el que les uniría una relación de naturaleza mercantil, en cualquier caso dicha subrogación no se ha producido respecto del actor pues como se desprende del inmodificado relato de probados, su última prestación servicial para la anterior concesionaria de la franquicia fue el 30.6.91 y el inicio de su prestación servicial para la ahora demandada fue el 1.8.92, con lo cual no queda constatada esa prestación servicial pretendidamente ininterrumpida en el mismo centro de trabajo para una y otra empleadora que evidentemente es el presupuesto fáctico para que el precitado artículo y resto de normativa que se aduce como infringida pueda surtir plenos efectos. Razones que comportan que el recuso de la actora deba fracasar.

Contra la sentencia de instancia como se dijo se alza igualmente en suplicación la empresa demandada R. R. SL articulando un único motivo de censura jurídica al amparo del apartado c) del artículo 191 LPL por tanto para denunciar infracción por no aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 a) y 20.1 y 2 ET así como del art. 54.2 d) del mismo Texto Legal y art. 40.2 de II Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el Sector de Hostelería BOE 1.7.02 al considerar que la conducta de la contraria que se relata en el hecho probado nueve puntos 1.2 y 3 de la sentencia de instancia comporta una transgresión de la buena fe contractual, pues no cabe duda que al utilizar como gerente del establecimiento, dinero de la empresa para usos propios, desviándolos del uso para el cual está destinado, supone una actuación contraria a los especiales deberes de conducta que deben presidir la ejecución del contrato de trabajo.
Sobre referida causa, esta Sala viene señalando que la transgresión de la buena fe constituye una actuación contraria a los especiales deberes de conducta que deben presidir la ejecución del contrato de trabajo -arts. 5 a) y 20-1 del ET-, y el abuso de confianza constituye una modalidad cualificada de aquélla, consistente en el uso desviado de las facultades conferidas, con lesión o riesgo para los intereses de la empresa; Sentencias del tribunal Supremo de 26 de febrero 1991 y 18 mayo 1987.

* La buena fe es consustancial al contrato de trabajo, en cuanto que por su naturaleza sinalagmática genera derechos y deberes recíprocos, traduciéndose el deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador en una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual, y pudiendo definirse la buena fe en sentido objetivo como un modelo de tipicidad de conducta exigible, o mejor aún, un principio general de derecho que impone un comportamiento arreglado a valoraciones éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos (arts. 7.1 y 1258 del Código Civil y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza (Sentencias del Tribunal Supremo de 21 enero 1986, 22 mayo 1986 y 26 enero 1987);

* La esencia del incumplimiento no está en el daño causado, sino en el quebranto de la buena fe depositada y de la lealtad debida, al configurarse la falta por la ausencia de valores éticos y no queda enervada por la inexistencia de perjuicios (SSTS 8 febrero 1991 y 9 diciembre 1986), siquiera en ocasiones haya sido considerado el mismo como uno de los factores a ponderar en la valoración de la gravedad (Sentencias del tribunal Supremo de 30 octubre 1989).

* De igual manera no es necesario que la conducta tenga carácter doloso, pues también se engloban en el art. 54.2 d) del ET, las acciones simplemente culposas, cuando la negligencia sea grave e inexcusable (Sentencias del Tribunal Supremo de 30 abril 1991, 4 febrero 1991, 30 junio 1988, 19 enero 1987, 25 septiembre 1986 y 7 de julio 1986);

* A los efectos de valorar la gravedad y culpabilidad de la infracción pasan a un primer plano la categoría profesional, la responsabilidad del puesto desempeñado y la confianza depositada, agravando la responsabilidad del personal directo (así en sentencias del Tribunal Supremo de 12 mayo 1988 y 19 diciembre 1989);

* En la materia de pérdida de confianza no debe establecer graduación alguna (SSTS 29 noviembre 1985 y 16 julio 1982 y STSJ Andalucía/Málaga 18 abril 1994). Pues como ha declarado el Tribunal Supremo, la deslealtad consiste en la eliminación voluntaria de los valores éticos que deben inspirar al trabajador en el cumplimiento de los deberes básicos que el nexo laboral le impone (SSTS 24 y 25 febrero y 26 septiembre 1984), pero también en abusar de la confianza recibida de la empresa, en razón del cargo desempeñado, rebasando los límites de éste, en provecho propio o de un tercero que no sea acreedor directo de las prestaciones empresariales. Dicha falta se entiende cometida aunque no se acredite la existencia de lucro personal, ni haber causado daños a la empresa y con independencia de la mayor o menor cuantía de lo defraudado, bastando el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad propios de la relación laboral -SSTS 26 mayo 1986 y 26 enero 1987-, pues los daños y perjuicios causados son uno de los elementos a tener en cuenta para valorar la gravedad de la falta, pero no el único, pudiendo ponderarse otros como la situación objetiva del riesgo creada, la concurrencia de abuso de confianza, o el efecto pernicioso para la organización productiva (STSJ Navarra de 20 noviembre 1997).

A la vista de la doctrina, expuesta debe concluirse que la sentencia de instancia ha incurrido en las infracciones denunciadas pues no puede resultar justificable tal conducta ni tan siquiera como atenuante en su gravedad, el hecho de que como se aduce en la misma no se haya acreditado ninguna prohibición expresa o implícita de hacer un uso temporal del dinero que hay en esta caja para usos particulares, pues ya se reconoce y se da por constatado que los citados fondos estaban destinados a atender los imprevistos de cambio así como el pago a proveedores, ni por lo expuesto que no se haya acreditado la comisión de perjuicio alguno por ello a la empresa y menos aún, que lo devolviera, pues como igualmente se reconoce, tal devolución se produjo una vez la demandada tuvo conocimiento del hecho y requirió para su devolución al actor.

Razones que comportan como se ha dicho que el recurso de la demandada deba prosperar con la consiguiente revocación de la sentencia de instancia y calificación del despido enjuiciado como procedente, con los efectos legales a ello inherentes conforme art. 109 LPL quedando convalidada la decisión extintiva que lo produjo.

PARTE DISPOSITIVA Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Carlos A. contra la sentencia de fecha 8 de abril de 2003 dictada por el Juzgado de lo Social número 8 de Málaga, en autos en reclamación por despido seguidos a su instancia frente a R. R. SL M. Sistemas de España INC y FOGASA y debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la demandada R. R. SL frente a dicho pronunciamiento que se revoca en su totalidad, decretándose por el contrario la procedencia del despido del actor sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


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